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Boletín Provincia | 25/01/2014 - 1:00 am -
Juan Ignacio Salazar / Provincia
Cortesía
| Foto: El diputado federal, Salvador Ortiz García, les pidió 2 mil
pesos a cada una de las familias que se les integró expediente.
Morelia, Michoacán.-
Alcaldes, regidores y líderes de organizaciones sociales de al menos
once municipios de la región de Tierra Caliente, fueron estafados con un
supuesto programa de vivienda que promovía el diputado federal de
extracción priista, Salvador Ortiz García, quien junto con su asesor
Iván Domínguez Domínguez lograron recaudar más de seis millones de
pesos en “mochadas”, acusó René Valencia Reyes, suplente del propio
diputado.
Los recursos, afirman los
quejosos, provienen de las aportaciones que realizaron más de tres mil
familias de escasos recursos de los municipios de Tepalcatepec,
Turicato, Carácuaro, Apatzingán, Parácuaro, Buenavista, Aguililla,
Coalcomán, Aquila, Chinicuila y Coahuayana quienes cumplieron con los
supuestos ordenamientos del programa federal de mejoramiento para la
vivienda rural del fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
(Fonhapo).
Al respecto, el legislador federal ha negado el fraude e
incluso aduce que existe un atraso burocrático en la institución para
liberar la gestión de los recursos y acciones de vivienda.
Sin
embargo, las aportaciones de los afectados, proceso en el que se implicó
a funcionarios municipales de diversos partidos políticos, fueron a
parar a las cuentas bancarias personales del legislador michoacano y su
asesor en el Cámara Baja del Congreso de la Unión, según consta en
fichas de depósito obtenidas por PROVINCIA.
Los inconformes,
encabezados por René Valencia Reyes, quien además es el diputado
suplente de Ortiz García, incluso acusaron al mandatario estatal Fausto
Vallejo Figueroa de mantenerse al margen del problema y no “atorarle
para resolver tan lamentable hecho que lesiona la economía de los que
menos tienen”.
En entrevista, los quejosos mostraron una serie de
documentos en los que se detalla el ir y venir ante instancias
federales, estatales y hasta partidistas por destrabar el asunto y
recuperar el dinero.
Incluso, Ángel Islava Tamayo, director
general del Fonhapo, explican los quejosos, “detalla en un documento
sellado, que dentro del Programa Anual de Trabajo (PAT) la gestión del
diputado no existe”.
Regidores de los once municipios, quienes
además eran acompañados por los alcaldes de Chinicuila, Justo Humberto
Virgen Cerrillos y de Turicato, Salvador Becerra Medrano
(respectivamente), explicaron el mecanismo que se utilizó para fraguar
el engaño.
El diputado federal priista por el Distrito XII de
Apatzingán, Salvador Ortiz García, convocó a funcionarios municipales a
una sesión de trabajo en la que informó sobre diversas acciones y
gestiones que estaría realizando en favor de la gente de escasos
recursos de varios municipios.
Ahí, -señaló el regidor de
Carácuaro, Alex Tentory- se pidió que se aterrizara el esquema, se
empadronara a los interesados y se armaran las “cuis”, es decir los
expedientes entre cuyos requisitos enumeró “comprobante de domicilio,
CURP y credencial de elector del interesado, una carta del Ayuntamiento
respectivo en el que se notificará que el predio donde se construiría la
acción del Fonhapo era propia y la aportación de dos mil pesos, para lo
cual se entregó un recibo con los sellos de la Casa de Gestión del
diputado, los logotipos del Poder Legislativo Federal y del Partido
Revolucionario Institucional (PRI).
Según Rene Valencia Reyes,
ediles, concejales municipales y líderes sociales recopilaron los
expedientes, otorgaron recibos y luego entregaron el recurso al
diputado, quien incluso pidió a algunos “promotores” depositar el dinero
recaudado a cuentas particulares de Banamex y Banca Mercantil del Norte
(Banorte) cuyo monto en global oscila el orden de los 730 mil pesos.
El
legislador suplente añade: “Todos creímos en el diputado federal, pero
ante el engaño hacia la población tuve que renunciar al partido, no para
zafarme, sino por principios éticos y morales”.
Confirmó que él
enlisto a centenares de familias en Tepalcatepec y les ayudo a integrar
sus expedientes y “por ello es que estoy dando esta lucha, para
recuperar el dinero y reintegrarlo a esas familias, que por cierto son
de las más pobres”.
Valencia Reyes exhortó al jefe del ejecutivo
estatal, al coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la
Cámara de Diputados Federales y al presidente del país, Enrique Peña
Nieto, a demostrar que en México “no hay impunidad”.
Asimismo, los
quejosos explicaron durante una rueda de prensa desarrollada en la
capital michoacana que tras descubrir la estafa, integraron un grupo que
no sólo busca recuperar los fondos de las familias afectadas, sino
limpiar la imagen de los servidores públicos inmiscuidos y de paso
promover realmente acciones de apoyo de vivienda para las familias.
En
este sentido, señalaron que Fonhapo les aprobó a través de la
organización Consúltame AC, 500 acciones de vivienda que serán
distribuidas en diversas localidades que estén dentro de la norma.
DESLINDE DE DIPUTADO
El diputado federal priista, Salvador Ortiz García se deslindó de la estafa que le imputan.
Durante
una entrevista que le realizó PROVINCIA y que se publicó el primero de
diciembre de 2013, el legislador comentó que el 25 de abril de ese año
inicio el proceso ante la Fonhapo, pero que el programa se atrasó porque
se priorizó la atención a las comunidades afectadas por las tormentas y
aseguró que el 9 de diciembre se empezarían a entregar los apoyos.
Sin
embargo, cabe destacar que conforme al Diario Oficial de la Federación
el acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de
Vivienda Rural, para el ejercicio Fiscal 2013 se liberó el jueves 28 de
febrero, mientras que él ya había arrancado el proceso de cobro de
expedientes desde el día 25 de ese mismo mes.
Esta norma dentro de
los transitorios establece que: “las OSC que participen en el Programa
serán excluidas en caso de incurrir en actos de corrupción (desvío de
recursos o cobro de cuotas, en dinero o en especie por gestionar
recursos a los beneficiarios). En tal caso, la instancia Ejecutiva
deberá de cancelar el convenio suscrito con dicha instancia, así como
excluirla de futuras ejecuciones del Programa”.
HERRAMIENTAS
Más de 3 mil familias fueron estafadas en los municipios de:
Tepalcatepec, Turicato, Carácuaro, Apatzingán, Parácuaro, Buenavista, Aguililla, Coalcomán, Aquila, Chinicuila y Coahuayana.